Introducción:

En el marco de la actual fase del capitalismo neocolonial, la problematización de la discapacidad se presenta como un campo privilegiado para interrogar los procesos de normalización (Rosato & Angelino, 2009; Scribano, 2017) que configuran lo social. Es decir, repensar los modos naturalizados, en que las sociedades definen y gestionan los cuerpos de las personas en situación de discapacidad (PsD) constituye una oportunidad para comprender procesos de estructuración más amplios. Estos procesos incluyen las formas en que se producen criterios que determinan qué cuerpos, emociones, prácticas y formas de vida son considerados legítimos, visibles y aceptables en un determinado orden social.

Esta afirmación resulta especialmente relevante al considerar las prácticas conflictuales que “estallan” en torno a la discapacidad en Córdoba, Argentina (2022). Dichas prácticas condensan, en un tiempo y espacio determinados, un conjunto de tensiones que “comunican” (Melucci, 1994) el estado de las relaciones sociales. Así, un colectivo de prestadores de salud manifestándose frente a la sede del gobierno no constituye un hecho aislado, ni relevante sólo para un grupo acotado de personas. Por el contrario, el conflicto emergente constituye, desde la perspectiva que aquí se propone, un epifenómeno desde el cual se manifiesta de manera privilegiada el juego de proximidades y distancias que estructura una geometría de los cuerpos como rasgo central en los procesos de construcción de nuestras sociedades.

Esta intersección entre conflicto, cuerpo y discapacidad constituye un campo de estudios sociales de amplia relevancia en la escena latinoamericana (Brégain et al., 2022; Castelli Rodríguez, 2020; Ferrante, 2017; Sauzo Paredes & Reyes, 2019; Pino-Morán et al., 2021). Desde investigaciones situadas en Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia, se recuperan un conjunto de manifestaciones que cuestionan y ponen en evidencia la vigencia del paradigma tutelar y caritativo en las formas socio-políticas de comprender la discapacidad. Al mismo tiempo, remarcan la importancia de reconocer las corporalidades disidentes en contextos donde el paradigma de los derechos humanos es un instrumento útil para tensionar la permanencia de políticas y racionalidades neoliberales (Brégain et al., 2022; Sauzo Paredes & Reyes, 2019).

Asimismo, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas, estas investigaciones permiten abordar el activismo de las personas con discapacidad como un “movimiento socioespacial”, destacando su efecto des-segregador en las sociedades inclusivas latinoamericanas (Romero Fernández, 2018). Al mismo tiempo, abren la pregunta por lo común en prácticas que conciben el activismo de la discapacidad como “otras formas de lo político” (Sauzo Paredes & Reyes, 2019).

Estas indagaciones situadas ponen en debate diversas “acciones emblemáticas” (Brégain et al., 2022, p. 3), como la participación de activistas con discapacidad en “estallidos sociales” (López Radrigán, 2023) y las múltiples formas de “poner el cuerpo” en la calle (Castelli Rodríguez, 2020; Sauzo Paredes & Reyes, 2019). Por ende, tales experiencias constituyen objetos sociales originales para interrogar los procesos de normalización en las sociedades latinoamericanas.

Retomando estas discusiones, es ineludible que “los cuerpos de la discapacidad” se constituyen como territorios de conflictividad, donde se instancian lógicas centrales de los antagonismos contemporáneos, como la dicotomía normalidad/anormalidad (Rosato & Angelino, 2009). Estas oposiciones se sedimentan como condiciones materiales, simbólicas y cognitivo-afectivas que moldean las relaciones sociales. De este modo, es necesario comprender las formas en que la discapacidad es objetivada, al tiempo que se vuelve indicio de un “trabajo casi desapercibido” (Scribano, 2007a, 2007b), inscrito en las modalidades particulares en que se configura la tensión entre orden y conflicto social.

En este marco, y retomando una propuesta de hermenéutica del conflicto social que articula elementos de la teoría de la acción colectiva y de una sociología de los cuerpos y las emociones, este trabajo se propone indagar un episodio de protesta ocurrido en la ciudad de Córdoba, Argentina, en septiembre de 2022, a partir del conjunto de acciones colectivas nucleadas bajo la consigna #Noalajusteendiscapacidad. Estas acciones, impulsadas por la Asamblea Nacional de Discapacidad y replicadas en diversas provincias, incluyeron marchas, acampes y campañas en redes sociales en repudio a los recortes en el sistema de prestaciones para personas en situación de discapacidad.

El análisis se sitúa en un contexto donde los avances normativos —como la adhesión y jerarquización constitucional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la vigencia del Sistema de Prestaciones de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad— dan cuenta del paso de una mirada asistencialista a una definición de las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Sin embargo, dichos avances se contradicen con las condiciones de desigualdad estructural y de exclusión presentes en la vida cotidiana de esta población (Danel, 2019; Venturiello, 2017).

Las lecturas que aquí se presenta se basan en el marco de una investigación social cualitativa que tiene como objetivo registrar actores participantes de las acciones colectivas, recursos expresivos utilizados, así como los sentidos y emociones puestas en juego en la misma. En este diseño de carácter etnográfico se elaboraron diarios de campo en el marco de la observación participante durante las protestas realizadas en la ciudad de Córdoba, los cuales fueron complementados con el seguimiento del hashtag #Noalajusteendiscapacidad en redes sociales, principalmente en grupos de Facebook y perfiles de Instagram. En este proceso, las imágenes-fotografías captadas fueron insumo clave para los objetivos propuestos ya que son entendidas como dato visual que potencian la articulación entre recursos expresivos, sentidos e identidades. A su vez, se realizó una sistematización de fuentes hemerográficas de medios locales (La Nueva Mañana, La Voz del Interior, Comercio y Justicia, El DoceTV) que permitió comprender la visibilidad/invisibilización de la problemática. También se concretaron entrevistas a profesionales trabajadores de instituciones destinadas a la discapacidad, así como a PsD y familiares de los mismos que permiten complementar el abordaje sobre los sentidos en disputa en torno a la conflictividad de la discapacidad.

En función de los registros realizados, se examinan los “mensajes” (Melucci, 1994) que estas acciones colectivas comunican, visibilizando cómo se condensan en los cuerpos las tensiones entre derechos formalmente reconocidos y prácticas institucionales que refuerzan la dependencia, la precarización y la exclusión. En la interpretación se hace foco en los recursos expresivos “invertidos” por los actores de la disputa, brindando una clave analítica para reflexionar en torno a las conexiones entre lo visible/invisible, presente/ausente, decible/indecible en torno la ubicación de los cuerpos en la sociedad cordobesa. Así, desde la reconstrucción de los cuerpo/emociones que emergen como indicio del conflicto analizado, el artículo finaliza destacando algunas características relevantes de las geometrías corporales contemporáneas, intrínsecamente atravesadas a la ideología de la normalidad (Rosato & Angelino, 2009; Yarza de los Ríos, Angelino et al., 2020).

Algunos puntos de partida

En función de explicitar algunos presupuestos teóricos que guían y estructuran el camino reflexivo que aquí se propone, conviene señalar al menos tres nodos conceptuales.

1. En primer lugar, recuperar algunos elementos de una teoría de los cuerpos/emociones con el fin de abrir “otros” caminos para comprender el vínculo entre discapacidad y normalización.

2. En segundo lugar, proponer las bases para una hermenéutica del conflicto por la discapacidad, teniendo en cuenta ciertos aportes de la teoría de la acción colectiva que prioriza los momentos expresivos de las manifestaciones del conflicto.

3. Finalmente, antes de presentar los registros del conflicto analizado, ofrecer una breve contextualización del mismo.

Cuerpo/emociones y discapacidad

Ya en las bases de la constitución de las ciencias sociales aparece de manera constante la pregunta por el cuerpo y las emociones, concebidos como estrategias demarcatorias de lo social en el marco del surgimiento y la producción del capitalismo moderno occidental. Desde una sociología de los cuerpos/emociones1, se propone pensar al cuerpo como locus del orden y la conflictividad: como primera relación con el mundo y sustrato (no esencialista) de energía social disponible.

Desde esta perspectiva, el cuerpo —concebido en una tensión bio-psico-social— permite comprender tanto las disponibilidades sociales como las formas de ubicación y desubicación, atravesadas por las lógicas de explotación y dominación en las que los cuerpos se inscriben (Scribano, 2007a). Las políticas de los cuerpos, es decir las formas aceptadas de gestionar la disponibilidad de energías corporales, constituyen un componente central desde donde interpretar el juego de geometrías que construyen las formas específicas de ser-estar, ver y sentir, el mundo. Las nociones de “geometrías corporales” y “gramáticas de las acciones” son retomadas desde los desarrollos de Scribano (2007a, 2007b). La primera refiere a las configuraciones de los cuerpos en el espacio social, estructuradas por geoculturas y geopolíticas de la dominación, a través de marcas corporales que funcionan como sellos socialmente establecidos. Por su parte, las gramáticas de las acciones aluden al juego de disposiciones que se derivan de las aludidas geometrías: es decir, a las posibilidades de acción que delimitan y regulan las prácticas sociales consideradas aceptables, en correspondencia con esas disposiciones corporales impuestas por las coordenadas de dominación que marcan a los cuerpos.

Comprender estas formas de estructuración en/por el cuerpo, implica entonces descifrar la tensión que cotidianamente se construye entre impresiones, percepciones, sensaciones y emociones:

Las “prácticas del sentir” estructuran percepciones que construyen mediaciones sociales de las “formas adecuadas” de oler, mirar, tocar, gustar y oír. Las maneras socialmente válidas y aptas de sentir se cruzan con las lógicas de los sentimientos que constituyen unas formas de sensibilidad social particular donde se anidan las visiones, di-visiones y no-visiones del mundo naturalizadas y por ende aceptadas y aceptables. (Scribano, 2007a, p. 10)

Abordar la conformación de tales vivencialidades y sensibilidades implica pensarlas intrínsecamente en conexión con las estructura del sistema capitalista en su actual fase de expansión imperial neo-colonial. Un contexto en el que el capital se presenta como una fuerza indeterminada y en constante metamorfosis, reconfigurando diversas lógicas de expropiación, depredación, coagulación y licuación de la acción. Esto es particularmente expresado en los territorios del sur-global, donde la reconfiguración cotidiana de los mecanismos de exclusión vigentes se sustenta en un rasgo “prescindible” que parecen adquirir cuantiosos cuerpos privados de las energías mínimas de re-producción (Gómez & Míguez, 2023; Kipen, 2012).

Abordar los procesos de normalización en clave de los mecanismos de estructuración social implica reconocer su función como dispositivos de control que operan sobre los cuerpos y las sensibilidades, en sintonía con las lógicas de expropiación propias del sistema capitalista en su fase neo-colonial. En este marco, la ideología de la normalidad actúa como matriz epistémica y política que delimita los márgenes de lo aceptable y deseable, instaurando jerarquías corporales a partir de la naturalización del déficit. Así, lo normal y lo anormal no remiten a categorías objetivas, sino a construcciones sociales e históricas que estructuran los accesos diferenciales a derechos, oportunidades y formas de habitar el mundo (Kipen, 2012; Rosato & Angelino, 2009). Por lo tanto, el propio proceso de normalización se materializa en prácticas, dispositivos institucionales y políticas de los sentidos que ordenan las vidas según un ideal normativo, y configuran la discapacidad no como una condición intrínseca sino como efecto de procesos de exclusión sostenidos en el tiempo.

Desde esta perspectiva, las preguntas por las ubicaciones en las que las sociedades demarcan los cuerpos de la discapacidad2 es un interrogante por la forma de regulación diferencial que reafirma los criterios de la normalidad. En esta clave, la discapacidad puede ser leída como una geometría corporal que condensa los efectos de la ideología de la normalidad, y que permite rastrear cómo se modulan afectivamente las relaciones entre exclusión/inclusión, sensibilidad y conflicto. De este modo, pensar la discapacidad como dispositivo de normalización permite tensionar las formas en que se inscriben las lógicas de expropiación de energías corporales y sociales, particularmente en los territorios del sur global (Scribano, 2017). En dichos contextos, la cromaticidad de los cuerpos —su intensidad, presencia y potencialidad de movimiento— se ve afectada por una trama de mecanismos que coagulan la conflictividad social mediante el trabajo casi desapercibido de la ideología de la normalidad, sostenida en procesos de estructuración social excluyentes.

En este marco, la relación entre sensibilidades y políticas corporales se vuelve central para comprender los procesos de normalización que atraviesan nuestras sociedades, asociados al despliegue de dispositivos orientados a neutralizar el conflicto social. Sin embargo, los monumentales esfuerzos por “normalizar” los cuerpos no resultan inexorables. Cotidianamente emergen episodios donde los “desbordes” corporales (Enguix Grau, 2020) comunican no sólo que las sociedades se estructuran a partir de patrones dinámicos e indeterminados, sino también que estos episodios, en sus propias formas, contienen las pistas para comprender los contenidos de una sociedad en constante cambio. Así, allí donde emerge el conflicto en torno a la discapacidad se abre una vía de análisis sobre cómo se configura la cromaticidad de los cuerpos, las formas “adecuadas” de sentirse respecto de ellos y los vínculos entre estas relaciones y la metamorfosis de los procesos de expropiación de las energías corporales en una sociedad en constante transformación.

Acción colectiva, conflicto y recursos expresivos

Profundizando en los presupuestos sobre las formas de comprender el conflicto social, es necesario señalar que las tensiones en torno a la discapacidad se instancian —entre otras lógicas de antagonismo contemporáneas— en los cuerpos como centro de disputas entre normalidad/anormalidad (Goffman, 1963; Rosato & Angelino, 2009). Tal dicotomía moderna, impregnada en un amplio rango de mandatos institucionalizados, se traduce en condiciones materiales, simbólicas y, por ende, cognitivo-afectivas. En ese camino, la acción colectiva permite tensionar “lo aceptable”, ya que abre al mismo tiempo el juego a las geometrías en transformación que muestra el conflicto encarnado. Así, el foco de análisis que aquí se propone busca indagar en el “trabajo desapercibido” enraizado en la in-corporación de lo social hecho emoción, el cual se expresa en las instancias de emergencia y visibilidad en torno a los cuerpos y a las emociones vinculadas con la discapacidad (Ferrante, 2015; Yarza de los Ríos et al., 2020).

Esta potencia hermenéutica del conflicto se funda en una particular apropiación conceptual (Scribano, 2012a), que sintetiza aportes del campo de análisis de los nuevos movimientos sociales (Melucci, 1982, 1994) y de la teoría de la estructuración social (Giddens, 2015). Concretamente, se busca escrutar la apropiación del sentido de la acción, indagando en los procesos de construcción identitaria (Melucci, 1994) a partir de los cuales los actores colectivos definen intereses, valoraciones simbólicas, construyen lazos y, en definitiva, expresan la lucha por el control de recursos a los cuales asignan valor (Melucci, 1982). La capacidad que tienen los actores de reconocerse y ser reconocidos en un sistema de relaciones no constituye —desde la mirada que aquí se sostiene— una pregunta que reduzca la problemática a la constitución de un grupo aislado.

Por el contrario, la identidad colectiva, concebida en este marco, se pregunta centralmente por los recursos corporales/emotivos, cognitivos y simbólicos que se conectan con la posibilidad de captar, producir y apropiarse del sentido de la acción. Es decir, la identidad colectiva es un proceso relacional continuado de inversiones, donde cuerpo, sensaciones y narrativas se tensionan dentro de una trama conflictual concreta y situada. Las distintas redes sociales se configuran en torno a lo colectivo dentro de relaciones de interacción, negociación y conflicto, en el marco de un campo de oportunidades y restricciones en el cual sucede la acción. Por ende, al profundizar en las lógicas de inclusión/exclusión que subyacen a la geometría conflictual de la discapacidad, se explicita una pregunta por las formas que asumen los procesos de normalización sobre los cuerpos relegados, invisibilizados y silenciados en las dinámicas de estructuración social contemporánea.

Esta es entonces una pregunta transversal para este trabajo: ¿Cómo se expresa en los episodios de protesta de la discapacidad analizados las redes que configuran y disputan la definición de normalidad? ¿Cuáles son los des-bordes corporales que trasvasan los mecanismos y dispositivos orientados a la oclusión del conflicto, y qué nos dicen acerca de las políticas de sensibilidades como rasgo central de los procesos de estructuración social en curso?

En relación con lo que traen estas reflexiones, la pregunta por las instancias expresivas del conflicto conlleva a indagar sobre la política de los sentidos en los procesos de normalización contemporánea (Scribano, 2008). Esto, considerando que las prácticas que dan visibilidad a las conflictividades de la discapacidad son mensajes (Melucci, 1994), con la potencialidad de comunicar las tensiones entre producción, continuidad y cambio de la “discapacidad” como dispositivo inscripto en un sistema de clasificación social vigente (Rosato & Angelino, 2009).

En este sentido, concentrarse en la forma en que los actores expresan sus demandas en las instancias de protesta no constituye una novedad; sin embargo, conectar estas expresividades con lo que se viene proponiendo en torno al cuerpo representa una propuesta singular. Así, la potencialidad de los recursos expresivos protagonizados por los cuerpos, como caminos para conocer las sensibilidades, puede constituir una vía privilegiada para —como se viene planteando— repensar lo social. Esta particular forma de concebir la potencialidad de “lo expresivo” pone el acento en el proceso por el cual la imaginación adquiere relevancia para comprender lo social, así como en las capacidades transformativas que los sujetos despliegan en la dialéctica entre conocer y sentir, evidenciada en el vivir y actuar colectivamente con otros.

Siguiendo a Scribano (2008):

[…] hacer expreso lo que estaba tácito, es desenvolver, descomprimir. En la expresividad, lo tácito (aquello que se da por sentado de acuerdo con los mecanismos de soportabilidad social y los regímenes de regulación de las sensaciones) se manifiesta, se hace presente. (p. 254)

Los recursos expresivos deconstruyen y se utilizan como producto de sentidos y, a la vez, como sentidos en producción. Son recursos en tanto resultados, y también en tanto insumos. Desde la perspectiva de los insumos, los recursos son seleccionados y usados, resignificando su posición original en una trama de significados determinada; desde la perspectiva de los resultados, los recursos se ven tamizados por un proceso de producción significativa que deviene en una utilización novedosa (Scribano, 2003).

Contextualización: #Noalajusteendiscapacidad

Al establecer algunas aclaraciones acerca de los fundamentos de una propuesta que busca interpretar la expresividad del conflicto en torno a la discapacidad como vía de análisis de los procesos de normalización de los cuerpos/emociones en las sociedades actuales, se sientan las bases teóricas del enfoque aquí desarrollado. En este marco, resulta preciso contextualizar el episodio de acciones colectivas que se analizará en el apartado siguiente.

Así, para comprender el contexto de la conflictividad de la discapacidad en Argentina, es importante mencionar que, luego de la adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de las Naciones Unidas [OMS], 2006), se produjeron distintos cambios normativos con una recepción significativa, consagrados en la firma del documento aludido en 2008. El país adhirió al tratado internacional y a su protocolo en 2007, y en septiembre de 2008 el Congreso lo ratificó junto con la aprobación de su protocolo facultativo a través de la Ley Nacional N.^o 26.378. Con ello, el Estado argentino asumió el compromiso de aplicar políticas, leyes y medidas administrativas que garanticen los derechos humanos fundamentales de todas las PsD (Sanjosé Gil, 2007). Posteriormente, en 2014, la Convención adquirió rango constitucional mediante la Ley N.^o 27.044.

Sin embargo, a pesar de este “cambio de perspectiva en la normativa”, las condiciones de vida de las PsD continúan caracterizándose por la desigualdad, la dependencia, la pobreza y la discriminación en instancias de participación comunitaria (Banco Mundial & OMS, 2011; Ferrante, 2015; Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2014; Venturiello, 2017; Vázquez & Venturellio, 2022).

En los últimos años, es posible entender tal adhesión a la convención como una marca transversal no sólo en los modos de diseñar políticas sociales, sino sobre todo en las estructuras teóricas que fundamentan las políticas sociales en discapacidad por parte de los Estados. En materia legal, las políticas sociales en discapacidad argentinas están amparadas por la Ley N.^o 22.431 que crea el “Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas” que fue promulgada en el año 1981 y reglamentada a través del decreto N.^o 498/1983 en 1983. Tal normativa creada a fines del siglo pasado está vigente en la actualidad y a partir de la misma se realizaron distintas modificaciones que dieron lugar a normativas en materia de seguridad social, regímenes jubilatorios, pensiones por invalidez, asignaciones familiares, entre otras previstos respectivamente por las leyes N.^os 20.475, 20.888, 18.910 y 24.714 (Bastons, 2014).

Como parte de este proceso, la certificación de las PsD en la Argentina fue tomando diferentes procedimientos y criterios para designar a quiénes el propio Estado reconoce como persona con discapacidad y por ende se le habilita (o no) a ciertos tratamientos, servicios, programas sociales, etc. Ya con el Decreto N.^o 1193/98 que reglamenta la Ley N.^o 24.901 se determina que para otorgar un certificado de discapacidad se requiere una previa evaluación del beneficiario a partir de la cual se realiza un diagnóstico funcional y orientación prestacional determinada (Agencia Nacional de Discapacidad [ANDIS], 2020a). Las distintas normativas y políticas de la discapacidad en Argentina incorporan la perspectiva del modelo bio-psico-social asumido por la Organización de las Naciones Unidas consolidado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que es la documentación vigente a través de la cual se certifica y registra a esta población (ANDIS, 2023).

En relación al funcionamiento del mismo, la Ley N.^o 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Ley N.^o 24.901, 1997) avanza en la cobertura de prestaciones médicas y rehabilitadoras, obligando a obras sociales y prepagas a garantizar estos servicios (Venturiello, 2017). En esta normativa una de las políticas sociales que se reglamenta es la obligación por parte del Estado de garantizar el acceso a las prestaciones básicas de salud a quienes no tienen acceso a obras sociales. En relación a esto, desde el año 2022 se realiza un proyecto de actualización de esta ley, en busca de reformular la perspectiva médica y asistencialista que prevalece en la misma. Esto, con el fin de readecuar los estándares actuales del paradigma de los derechos humanos de la discapacidad. A su vez, en este proceso se pondera un enfoque de inclusión y autonomía, aunque el proceso aún no ha concluido ni se ha aprobado un texto definitivo³ (Tauber, 2023).

Desde 2017, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) centraliza la gestión y certificación de la discapacidad en Argentina, reemplazando a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) (Poder Ejecutivo Nacional de Argentina, 2017 —Decreto N.^o 698/17). Cabe apuntar que este organismo regula la emisión del CUD y coordina con las provincias su implementación. En la provincia de Córdoba, la certificación centralizada por ANDIS se realiza a través de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta dependencia centraliza las distintas políticas sociales de discapacidad y convenios de la provincia y su gestión es presidida por la propia subsecretaría desde el año 2007.

En relación a este marco normativo, puntualmente en Argentina, son escasos los datos estadísticos que permiten describir las condiciones de vida de la población de PCD. En el “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas” 2022 se incorporaron preguntas en torno a la presencia de personas con discapacidad en los hogares —así como se hicieron pruebas piloto previas para evaluar el modo de registro de estas clasificaciones—, pero actualmente no hay resultados provisorios respecto a esos datos (INDEC, 2019).

En Córdoba, la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) comenzó en 2013. Entre esa fecha y 2019 se registraron aproximadamente 95.500 certificados emitidos. Durante el período de confinamiento, tras un receso inicial, el proceso de certificación se realizó mediante telemedicina, alcanzando un total de 3.000 CUD emitidos entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 (Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, 2021).

Por su parte, el “Anuario Estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad 2019-2020” complementa esta información al ofrecer datos sobre la situación de la población con discapacidad certificada en relación con el acceso a la educación, la alfabetización y las condiciones habitacionales. En esa línea, se señala que el 8,7 % de la población certificada en dicho período no accede a la alfabetización. Asimismo, si bien el 95 % reside en viviendas particulares, un 2,3 % habita en condiciones habitacionales no adecuadas –como casillas, ranchos, piezas en inquilinatos u hoteles familiares, pensiones, locales no construidos para vivienda o viviendas móviles– (Agencia Nacional de Discapacidad, 2020a).

En este marco, es necesario reconocer que hay un sector de la población (5% de las personas certificadas) que vive en viviendas colectivas (hogares, hospitales, clínicas, sanatorios, residencias, prisión) y se registra un 0,1 % de personas en situación de calle (ANDIS, 2020). En este sentido, se registra que un 8,6 % de la población que habita una vivienda particular se encuentra en situación de hacinamiento crítico, mientras que el 18,9 % en situación de hacinamiento moderado. A su vez, el 8% declaró no poseer condiciones de infraestructura básica y el 29,9 % de las personas certificadas declaró no tener acceso a más de 200 mts. al transporte público (ANDIS, 2020).

En el Anuario Estadístico 2022. Registro Nacional de Personas con Discapacidad Agencia Nacional de Discapacidad (RNPcD) se incorporan dos indicadores relevantes por distribución regional: el uso de ayudas técnicas y la orientación prestacional de las PsD con CUD. En la región pampeana (la cual conforma la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa) el 21,9 % utiliza algún tipo de ayuda técnica (de los cuales la mayor parte son sillas de ruedas y bastones). Respecto a la orientación prestacional⁴, la rehabilitación tiene el porcentaje más amplio en las personas certificadas de la región con el 93,5 %, mientras le siguen el transporte (50,5 %), y las prestaciones educativas (21,2 %).

Según el RNPcD del año 2023, se mantiene el porcentaje registrado en el Anuario Estadístico del año 2020 donde se informa que sólo el 12,6 % de las personas con CUD declara trabajar como tipo de actividad. El 87,4 % afirma no trabajar al momento de la evaluación del mismo de los cuales sólo el 4,4 % declara estar en búsqueda laboral activa (ANDIS, 2020b, 2023). Estos resultados permiten enunciar que el acceso a la actividad laboral es una de las brechas más consolidada –y agudizada– en las condiciones de exclusión de esta población. En lo atinente al acceso a la salud, el 43,3 % de las personas con CUD cuenta con obra social, mientras que el 26,9 % depende exclusivamente del sistema público de salud. Además, el 14 % es beneficiario de PAMI, el 10,3 % accede a Programas Nacionales y/o Provinciales financiados por el Estado y solo el 5,5 % tiene medicina prepaga, lo que indica una alta dependencia del sistema de salud estatal.

En este contexto, la conflictividad de la discapacidad se inscribe en un proceso contemporáneo de reconfiguración de los marcos normativos, caracterizado por la transición del modelo asistencialista al paradigma de derechos (Palacios, 2008), en el cual se consolida un sistema de prestaciones sociales dirigido a esta población. Sin embargo, este escenario convive con indicadores que reflejan una precarización estructural de la vida de las PsD: la mayoría de las personas con CUD no solo enfrenta dificultades para acceder a condiciones de actividad laboral formal o informal, sino que además depende en gran medida del sistema de salud público o de programas asistenciales para garantizar su atención médica (ANDIS, 2023). En términos habitacionales, las condiciones de vivienda presentan mayores niveles de precarización en comparación con la población general y, en Córdoba en particular, esta brecha resulta aún más pronunciada (INDEC, 2014). Ante esta complejidad, se vuelve necesario continuar la indagación para comprender cómo distintas acciones colectivas permiten profundizar el análisis de sentidos, percepciones e identidades en torno a esta conflictividad específica.

Acciones colectivas y Discapacidad: recursos expresivos

Durante el mes de septiembre de 2022, cobraron gran repercusión en Argentina una serie de acciones colectivas impulsadas bajo la consigna #NoAlAjusteEnDiscapacidad, y #DiscapacidadEnEmergencia organizadas centralmente por la Asamblea Nacional de Discapacidad. Esta grupalidad emergente articuló manifestaciones en diversas provincias del país –y particularmente en Córdoba– mediante marchas, acampes y campañas en redes sociales, en respuesta a los reiterados atrasos en los pagos de prestaciones por parte de las obras sociales, así como a un contexto más amplio de precarización y falta de transparencia institucional (La Voz, 2022a; 2022b).

En el marco de un registro etnográfico de estas acciones5, se analizan aquí dos movilizaciones realizadas en el centro de la ciudad de Córdoba, protagonizadas por una heterogeneidad de actores directamente afectados por la crisis en el sistema de atención a personas en situación de discapacidad. Entre quienes participaron se encontraban profesionales prestadores de salud –psicopedagogxs, psicólogxs, fonoaudiólogxs, psicomotricistas, acompañantes terapéuticxs, entre otros–, transportistas, familiares, responsables de instituciones terapéuticas y personas en situación de discapacidad usuarias del sistema. El reclamo central consistió en la regularización de los pagos adeudados, la mejora en los aranceles y condiciones de contratación, la desburocratización de los procesos administrativos y la defensa del derecho a una vida digna para las PsD.

Las manifestaciones se realizaron en la zona céntrica de la ciudad entre las dieciocho y veinte horas, con el corte de media calzada durante el recorrido de las mismas. Una de las manifestaciones registradas se llevó a cabo el lunes cinco de septiembre, desde la sede de APROSS –que es la Administración Provincial del Seguro de Salud de la Provincia de Córdoba– hasta llegar al “Patio Olmos”, que es un centro comercial ubicando en el centro de la ciudad. El recorrido de la manifestación consistió en una caminata a paso suave, encabezada por una bandera blanca con la inscripción “No al ajuste en discapacidad” y el símbolo universal de la accesibilidad, escoltada por carteles con consignas como “Con mi hijo no”, “No quiero irme a otro país, quiero trabajar en el mío” y “Centros autorizados en crisis”. El paisaje sonoro estuvo compuesto por aplausos, cánticos de mujeres con megáfonos, bocinas de automóviles solidarios y cornetas. Entre les manifestantes se encontraban niñes de la mano de adultes, personas usuarias de sillas de ruedas, y grupos identificables por las banderas o vestimenta de instituciones educativo-terapéuticas a las que pertenecen (como “El Bonino” o “Casandra”). A su vez, se registró una concentración realizada en ese punto comercial céntrico, el día siguiente, que fue protagonizada sólo por el sector de transportistas que dieron visibilidad a la medida a través del estacionamiento de las “camionetas” que son su medio de trabajo acompañadas de globos y carteles.

En el marco de esta emergencia, a través del registro de medios realizado, se expresó un malestar ante lo que el colectivo denominó un “ajuste estructural en discapacidad”. El mismo implicaba la retención de pagos, la interrupción de tratamientos y la ausencia de respuestas institucionales claras (La Voz, 2022b; 2022c). Organizaciones como la Asamblea de Trabajadorxs de la Inclusión y representantes del sector denunciaron públicamente la falta de transparencia administrativa, la precarización laboral y la discriminación sistemática hacia quienes integran el entramado de atención y acompañamiento en discapacidad (ElDoce.tv, 2022; La Voz, 2022d;). Las marchas también visibilizaron una dimensión histórica del reclamo: muchas de las consignas y demandas emergen como continuidad de conflictos abiertos desde al menos 2016, señalando la persistencia de políticas regresivas bajo distintos gobiernos (Comercio y Justicia, 2022).

En paralelo, la movilización en Córdoba se replicó en varias provincias y alcanzó instancias nacionales, incluyendo acampes en Plaza de Mayo y una serie de petitorios presentados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En redes sociales, la campaña #DiscapacidadEnEmergencia y #Noalajusteendiscapacidad fue un recurso que permitió amplificar la audiencia del reclamo, interpelando a la opinión pública sobre la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de la Ley N.^o 24.901 de prestaciones básicas para personas en situación discapacidad, y reclamando el derecho al trabajo digno para quienes las acompañan (La Voz, 2022a).

Los rasgos sensibles de la “institucionalidad”: desmoronamiento y precarización

En el itinerario cotidiano de la población de PsD en Córdoba, la institucionalidad6 es una marca transversal del cuerpo de la discapacidad. En tanto cuerpo social7, este se evidencia en una red de actores que cobran visibilidad –aunque desde posicionamientos diferenciales– en los episodios conflictivos que analizamos.

Uno de estos actores son los prestadores de salud. Tanto en centros educativos terapéuticos, escuelas especiales, centros de rehabilitación como en centros de día, estos prestadores cumplen un rol transversal y fundamental en el funcionamiento de la cadena que sostiene el sistema de previsión y atención sanitaria. La vida cotidiana de las PsD se organiza, en buena medida, a partir de los tiempos y espacios estructurados por las acciones y requisitos que estos actores “habilitan” o “deshabilitan”.

En Córdoba, las personas en situación de discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) acceden a los distintos servicios de salud a través de programas nacionales o provinciales de carácter estatal, así como mediante mutuales, prepagas y obras sociales, en tanto agentes de seguros de salud financiados por aportes obligatorios. En las acciones colectivas analizadas cobraron preponderancia las demandas vinculadas al retraso en los pagos de estos seguros de salud a los prestadores, expresadas en los distintos recursos gráficos y carteles utilizados.

Fotografía n.^o 1. Previsión y salud.

Fuente: Registro propio.

En este contexto, el “certificado de discapacidad” (CUD) no es sólo un “boleto” de acceso para la “asistencia”, sino sobre todo una marca identitaria del cuerpo social. Así, la sensación de “estar perdiendo derechos” se configura como una expresión de esta identidad marcada:

El certificado de discapacidad, lo que te da, es la posibilidad de que se te cubra el tratamiento de todo lo que refiere a la enfermedad que te discapacita en un cien por ciento. Si hay medicamentos, tratamientos de rehabilitación, transporte… Todo lo que sea inherente a esa patología que a vos te discapacitó, la obra social está obligada a cubrirte en un cien por ciento. (Profesional de salud, Córdoba, 2019)

Esta conflictividad es protagonizada principalmente por los prestadores, en tanto actores que revelan el dilema de la visibilización/invisibilización de la discapacidad. Al mismo tiempo, incluye reivindicaciones asociativas, como los reclamos contra la restricción de pensiones y prestaciones, una particularidad regional que cuestiona la normalidad biomédica (Brégain et al., 2022). Se evidencia, así, que la presencia de esta problemática está atravesada fundamentalmente por la asistencia y rehabilitación de los cuerpos en situación de discapacidad, mostrando que, en la cadena que sostiene el sistema de salud –instituciones, prestadores y usuarios/pacientes–, las personas con discapacidad constituyen el último eslabón de ese ajuste.

Así, la precarización que deja en evidencia esta cadena “golpea” de manera diferencial en la vida cotidiana de los agentes: la falta de pago conduce, en muchos casos, a la extinción de unidades productivas –pequeños oferentes de servicios–; mientras que, para las PsD, esta misma falta de pago significa no sólo un nuevo obstáculo en la concreción de los derechos (supuestamente) consagrados, sino, sobre todo, un “contrapeso” que se siente en el cuerpo y afecta sus potencialidades de acción. Cuando la ley garantiza, por ejemplo, el derecho a la movilidad y transporte (Ley N.^o 24.901, Art. 34, 1997), pero los prestadores de estos servicios no pueden trasladar a los sujetos hasta los centros de salud, el cuerpo social expone las inercias de una sociedad que consagra las diferencias: el cuerpo en situación de discapacidad que no puede “pagar con su propio bolsillo” se dibuja concretamente a partir de las ausencias de los efectores.

Es decir, en la oclusión de las potencialidades de acción de la población en situación de discapacidad –que aún tiene como correlato casi unívoco su inscripción en el ámbito de la salud (Ferrante, 2014; Palacios, 2008) –, el desmoronamiento de las prestaciones se convierte en un punto nodal del solapamiento de marcas de exclusión cotidianas. El cuerpo social de la discapacidad que no asiste a su tratamiento con el fonoaudiólogo ve acentuado su silenciamiento; del mismo modo, quien no accede al especialista en psicomotricidad ve demarcada su posibilidad/imposibilidad de movimiento en entornos discapacitantes como el cordobés.

La gramática que estructura la acción del Estado en términos de “asistencia”, afecta las posibilidades de autonomía/dependencia de las PsD (De Sena & Scribano, 2014). El asistido es tal porque no tiene la entidad para romper el lazo de dependencia que lo constituye en relación al “otro” que le provee el satisfactor de su demanda/necesidad. Pero en este contexto de “desmoronamiento” (Castel, 2002), cuando las instituciones no “cumplen” siquiera con las “promesas” degradadas de las condiciones “mínimas”, las geometrías de los cuerpos emergentes muestran los efectos de la superposición de las privaciones. Esto deja en evidencia un nuevo capítulo en una extensa genealogía, donde cada capa suma un nuevo obstáculo y multiplica las inercias: antes los sujetos de la discapacidad no tenían prestaciones ni derechos, ahora no tienen derechos cumplidos ni mucho menos prestaciones. La precarización de la vida cotidiana se hace un “siempre así”, que ahora suma la capa la “promesa no cumplida” del derecho: esta nueva piel cobra visibilidad en la protesta, comunicando cómo precariedad y desmoronamiento cualifican un nuevo capítulo de la “normalidad” en la estructuración de los cuerpos de la discapacidad.

La visibilidad de “los ausentes”: “fallas” estructurales

En estrecha conexión con lo anterior, resulta interesante observar cómo a una geometría de la precariedad, emergente del desmoronamiento institucional, le corresponde una gramática de la acción particular de las PsD. La potencia del proceso normalizador, en un contexto de complejidad creciente, exige un cuidadoso trabajo político de “lo visible”, orientado a “ocluir” tanto los rasgos considerados abyectos como los ecos identitarios vinculados a esos “cuerpos disidentes”.

La uniformización de cuerpos e identidades aparece como una condición necesaria para la reproducción, así como un rasgo central en el que se concentran las inversiones energéticas y emocionales de las sociedades. Tener un cuerpo “diferente” y auto-percibirse “más acá” de las identidades “aceptadas” constituye, en este contexto, una ofrenda al orden sagrado de la normalidad. En esta dirección, las protestas analizadas abrieron una “caja de Pandora” sobre lo que significa ser diferente y mostrarse. Ya se ha aclarado que, en el marco de la perspectiva que aquí se sigue, la pregunta por la identidad colectiva remite a la tensión que implica interacción, negociación y conflicto que se despliega en la acción colectiva. Sobre todo, la pregunta por el nosotros que configura a la población de PsD como actor colectivo intrínseco de esta trama conflictual, adviene en las manifestaciones que observamos como un momento expresivo particular para lo que aquí interesa.

Recuperando la idea del “último eslabón” de la cadena precarizada de la prestación de servicios de salud, un rasgo destacable de la acción colectiva analizada es que en ella se presentifica una ausencia. Efectivamente, aquello que “la asistencia estatal” niega como sujeto tácito de la discapacidad, la acción colectiva lo coloca en el centro de la escena como una “ausencia”.

La concentración realizada el seis de septiembre por los prestadores de servicios de transporte se caracterizó por una disposición particular: una distribución circular de los cuerpos y de los recursos expresivos. En una uniformidad cromática de blancos, celestes y rojos, se encontraban, en un sector de la concentración, les transportistas con banderas y carteles reclamando el pago de sus servicios. En otra parte de la explanada llamaba la atención la presencia de sillas de ruedas: dispositivos ortopédicos convertidos en recurso expresivo de la protesta.

Fotografía n.^o 2. Ausencias/presencias.

Fuente: Registro propio.

El silenciamiento y el encierro que vivencian los cuerpos con discapacidad en las múltiples restricciones transversales a la cotidianeidad, como por ejemplo, la restricción a la movilidad, transporte, y la falta de apoyos (López Radrigán, 2023), se hace visible a partir de la “falta”: aquí la silla de rueda como prótesis corporal enfatiza lo que hay de social en el cuerpo de la discapacidad8.

En tanto “signo” de la identidad colectiva emergente, rompe el silencio sobre las formas aceptadas de administrar las posibilidades de movimientos del cuerpo de la discapacidad. El actor colectivo se constituye en primera instancia en la tensión entre lo que se evidencia como un-cuerpo-que-falta, y la “falla” (o hiatus) de los procesos de estructuración, que arrojan al aislamiento/invisibilidad a los cuerpos que no se ajustan a la “normalidad”.

Las PsD son visibilizadas como una ausencia que, al mismo tiempo, denota la presencia expresada en los recursos de esos cuerpos ortopédicos. Estos rasgos de las protestas dan cuenta de un apoyo o acompañamiento necesario de “poner el cuerpo” para estos “cuerpos personas ensamblados/as.” (Castelli Rodriguez, 2020, p. 12). A través de estos “recursos”, que condensan los sentidos en disputa acerca de “lo normal” y “lo visible”, los actores que protagonizan las manifestaciones se convierten en “traductores” o “portavoces” que encarnan la falla aludida en los procesos de estructuración social. Podría pensarse, entonces, que esta acción “tercerizada” de la discapacidad constituye un modo de expresar críticamente cómo, en la vida cotidiana, las PsD necesitan de prótesis y de “otras bocas/voces” para hacerse visibles. Los dibujos, carteles, banderas de colores y palabras específicas presentifican una geometría de la discapacidad fundada en la tercerización y la prótesis, atada –ya sea desde el derecho o desde la posibilidad concreta de moverse, comer o realizarse– a la voluntad y el cuerpo de otros.

La gramática de la traducción: los sentidos de los “sin voces”

Si, de alguna manera, la irrupción sorpresiva de cualquier acción colectiva interroga a la sociedad acerca de lo que había “dejado de ver” y que ahora se impone en la agenda y en la mirada a partir de la ocupación del espacio público, esta acción particular también “comunica” algunos mensajes. En concreto, pone en cuestión los “límites” de la metáfora visual como rasgo estructurador de la normalidad.

Ya se ha observado que, desde “la ausencia”, los recursos expresivos puestos en juego en las acciones colectivas analizadas constituyen una disputa que podríamos enmarcar en la política de la mirada (Lisdero, 2017), donde aquello que se “puede ver/no ver” es problematizado.

Esto no resulta una contingencia: la modernidad occidental ha construido ciudades, culturas, y formas de vida para “ser vistos”, entronizando este sentido vinculado al oculocentrismo como régimen que lo prioriza sobre otros sentidos (Montellano Loredo, 2011). Visualidad y normalización constituyen capítulos entrelazados en la estructuración social de la discapacidad.

Sin embargo, ampliando el rango de análisis sobre los recursos expresivos invertidos por los actores, es posible afirmar que el cuerpo de la discapacidad no sólo se presentifica desde la lógica de la ausencia, sino también desde la lógica de la traducción. Esto abre el el juego a re-pensar cómo la normalidad (y sus disidencias) se configuran cotidianamente no sólo a partir de las maneras correctas/incorrectas de ver/mirar, sino también, a partir de (una impugnación de) las formas aceptadas de pensar a los “sentidos” y sus gramáticas normalizadas. Lo que necesita traducción, y se expresa (más acá de la ausencia, en el silencio, la incomprensión semántica, la incorrección sensible), es una profunda interpelación a la posibilidad de sentir más allá de las formas adecuada de concebir “los sentidos”. Así, la traducción tiene que ver con la frontera de los cuerpos y los sentidos:

Fotografía n.^o 3. Lenguas.

Fuente: Registro propio.

En este marco, los distintos carteles que se hacen expresos en la acción colectiva tienen como marca el uso de “lenguas de la discapacidad” o acto de “no” habla (Castelli Rodriguez, 2020), como es la alusión al sistema Braille, en tanto producto de sentido que trama la visibilidad/invisibilidad de la PsD. Por un lado, la traducción normalizada pone de relieve la readecuación a los sentidos priorizados en las lógicas capacitistas de la sociedad contemporánea: por ejemplo, el sistema Braille –que es un sistema de lectura y escritura táctil– es reconvertido a la escritura visual como insumo expresivo que da sentido a la tensión entre ausencia-lenguaje-demanda. En esta trama de significados también cobra relevancia el dibujo como forma que adquiere la expresividad, retomando “códigos del actuar cotidiano” (Melucci, 1994, p. 128) propios del quehacer de esta población en el marco de las distintas instituciones9.

El uso de materiales como cartulinas y afiches, así como de dibujos y escritos realizados a mano con pinturas y fibrones, presenta un rasgo distintivo de las protestas por la discapacidad (Brégain et al., 2022): esa presencia de las PsD se da por la traducción mediatizada en/por los espacios y actores institucionalizados.

Es decir, el trabajo de la expresividad cotidiana que se produce en los talleres internos de los centros educativos, terapéuticos y de rehabilitación —demarcados en las paredes del mensaje dibujado— es llevado a las calles como recurso que da cuenta de un campo de posibilidad donde las voces silenciadas de la discapacidad son posibles solo a partir de presentificar la traducción. Por lo tanto, interrogarse en torno a “los sentidos” conduce a preguntarse por algunos de los desafíos simbólicos que conlleva esta acción en el marco de oportunidades y constricciones actuales. ¿Tales ausencias denotan presencias a través de ciertos códigos que se dejan ver y abren la pregunta por el antagonismo (Melucci, 1994) constitutivo del conflicto?

Fotografía n.^o 4. “Casandra” dentro y fuera.

Fuente: Registro propio.

En este camino, esta dimensión de la geometría conflictual de la discapacidad permite repensar la acción como un epifenómeno que habla de lo social en tanto límite de compatibilidad sistémica expresada por el conflicto (Melucci, 1994, p. 122). Esto posibilita retomar la discusión sobre la discapacidad más allá de una “problemática” específica y pensarla como un dispositivo inscripto en un sistema de clasificación social arraigado (Rosato & Angelino, 2009), que da cuenta de las ubicaciones y desubicaciones que en la sociedad neocolonial se imponen sobre los cuerpos “otros”. Es decir, la lógica de la traducción como campo de posibilidad para hacer expresa la exclusión encarnada, es un rasgo clave para comprender los procesos de normalización de los cuerpos, atravesados por una política de la mirada que configura la alteridad visible a través de los márgenes de lo permitido.

Conclusiones

A lo largo de este artículo analizamos un episodio de conflictividad social en Córdoba, Argentina, que tuvo gran visibilidad en septiembre de 2022. Este episodio, con repercusión a nivel nacional, permitió vincular la discapacidad más allá de una manifestación contingente (aislada) y pensarla como un momento privilegiado para interrogar las formas contemporáneas de normalización de los cuerpos.

En la reconstrucción de tal geometría conflictual se ponen en tensión las cromaticidades de la regulación de las emociones y la organización de las sensibilidades en las sociedades capitalistas neocoloniales del sur global. En este marco, desde una perspectiva que articula una sociología de los cuerpos y las emociones con los estudios sobre acción colectiva, así como con los aportes de los estudios sociales críticos de la discapacidad, hemos tramado un ejercicio reflexivo que recupera los “mensajes” expresivos de la protesta social.

Así, el análisis del conflicto #Noalajusteendiscapacidad o #Discapacidadenemergencia puso en evidencia que las acciones colectivas protagonizadas por prestadores, familias, transportistas, instituciones y personas en situación de discapacidad no solo denuncian el desfinanciamiento de las políticas públicas, sino que “comunican” –en términos de Melucci (1994) – algunos rasgos relevantes de los procesos de estructuración social (Giddens, 2015). A estos puntos los podemos resumir como: el desmoronamiento institucional en tanto renovada marca corporal de los procesos de precarización de los cuerpos excedentarios de normalización neo-colonial; las fallas estructurales que configuran unas geografías corporales fragmentadas entre las condiciones de “asistencia” y las realidades precarias vividas; y las gramáticas de la traducción como un juego de disponibilidades dependientes de las aludidas geometrías.

En cuanto al primer eslabón de las pistas reconstruidas, analizamos cómo la institucionalidad aparece como una marca transversal en el itinerario cotidiano de las PsD en el marco de la vigencia del sistema de prestaciones básicas. Este episodio permite entrever la cadena de asistencia organizada por el Estado, compuesta por obras sociales, mutuales, prepagas e instituciones educativo-terapéuticas. Esta red, que entra en tensión a partir de la visibilidad de las demandas de los prestadores de salud por los retrasos en los pagos, profundiza las condiciones de exclusión de las PsD en Córdoba. La encarnación de esta precarización de la vida es una marca del proceso de naturalización que, lejos de garantizar derechos, expone a las personas con discapacidad como el último eslabón de un sistema que reproduce desigualdades.

Lo anterior se conecta con el segundo eslabón analizado: cómo la precarización de los prestadores muestra la “falla” estructural en el sentido de visibilizar a estos espacios de interacción atravesados por una lógica de sutura social. En tanto desborde, desde esta dimensión del conflicto, se analiza cómo emerge la ausencia en tanto expresión de lo invisibilizado (sólo posible de ser expresado a partir de “otras bocas”). Al mostrar directamente la falta de continuidad de tratamientos, la acción colectiva visibiliza cómo el incumplimiento de derechos (forma social aceptada de gestionar los cuerpos excedentes de la normalidad) afecta las potencialidades de movimiento y acción. A través de la lógica de la ausencia y de los cuerpos ortopédicos como insumo de la protesta, se da cuenta de la tercerización de la presencia como otro rasgo del carácter casi desapercibido de los procesos de normalización vigentes.

Esto último remite entonces al tercer eslabón identificado: las acciones colectivas, en esta geometría conflictual específica, funcionan como contra-escena y caja de resonancia privilegiada para comprender la normalización. Es decir, frente a la gramática de la acción extendida (más allá de los cuerpos de la discapacidad) de la dependencia y la invisibilización, la relación entre demanda, recursos expresivos e identidad colectiva pone en tensión los lenguajes (in)decibles en nuestras sociedades.

Al desbordar los límites de lo visible, la acción colectiva interroga también la función normalizadora de los sentidos (naturalizados). La “lógica de la traducción” permite comprender cómo el conflicto en torno a la discapacidad interpela no solo el oculocentrismo moderno y la política de la mirada, sino también las formas normalizadas de sentir y comunicar. Recursos como las sillas de ruedas vacías o los carteles en sistema braille –que traducen la experiencia a lenguajes visuales– revelan una geometría corporal mediada por la ausencia, la prótesis y la dependencia institucional. Así, la protesta se vuelve un mensaje social que interpela al orden establecido desde la alteridad corporal, cuestionando los márgenes de lo permitido e impugnando la idea de “normalidad” como núcleo organizador de la vida social.